El Grupo de Trabajo de CLACSO “Pobreza y Políticas Sociales” considera que la crisis sanitaria provocada por el COVID 19 afecta gravemente a nuestras sociedades y detonó en una crisis económica y social que obliga a discutir no sólo las políticas neoliberales impuestas en las tres últimas décadas sino también los modelos de desarrollo adoptados en América Latina. En particular, es imperioso revisar los parámetros de gestión y distribución de la riqueza y las relaciones capital-trabajo y las estrategias de explotación de los recursos naturales.
Como ha afirmado Ignacio Ramonet(1) recientemente ninguna pandemia fue tan fulminante y de tal magnitud, no sólo se expresa en una crisis sanitaria, sino que se tradujo, en lo que las ciencias sociales califican de “hecho social total”, en el sentido de que convulsiona el conjunto de las relaciones sociales, la totalidad de los actores, las instituciones y los valores.
La contingencia sanitaria que desencadena esta pandemia, se localiza principalmente en las ciudades y para ser superada exige que la población acepte condiciones de confinamiento en sus viviendas, cumpliendo con dos recomendaciones ineludibles: “quédate en casa” y “lávate las manos”. Medidas básicas que se confrontan con las grandes desigualdades que existen en las condiciones de habitabilidad de las viviendas y del entorno urbano de los barrios o colonias de nuestras ciudades, así como con la inequidad que se registra en el acceso y calidad de los bienes básicos, como el agua.
Uno de los efectos sociales más graves de esta pandemia será el incremento de la pobreza y la ampliación de las desigualdades, así como de las condiciones de vulnerabilidad de los segmentos sociales más pobres (2). Se trata de una crisis de gran envergadura con consecuencias severas en el plano laboral y en los ingresos de los hogares. En este contexto, quienes pierden el empleo son generalmente los sectores sociales más precarizados, los que desarrollan sus actividades en el mercado de trabajo informal y los que perciben las menores remuneraciones. A ello se suma, el amplio contigente trabajadores y trabajadoras que han visto disminuida su jornada laboral y/o sus remuneraciones, como es el caso de quienes se desempeñan masivamente en nuestras ciudades en el “comercio popular de calle”.
El análisis de la pobreza, rural y urbana, las grandes desigualdades socioeconómicas y territoriales y el conjunto de las políticas sociales de salud, educación, vivienda, empleo y atención de la pobreza han sido nuestros temas prioritarios de investigación. Hemos adoptado una perspectiva de derechos y garantías, poniendo el énfasis en su reconocimiento legal a nivel nacional e internacional e identificado los modelos económicos actuales que reproducen la concentración del ingreso y anulan o reducen los efectos de las políticas públicas dirigidas a disminuir la pobreza y mejorar los ingresos de los ciudadanos.
Pero esta crisis sanitaria impone nuevos retos y renovar la agenda de investigación de la cuestión social y la cuestión urbana, de las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran mayoritarios sectores populares y de los esquemas protección social. En este sentido, se torna fundamental discutir y problematizar el conjunto de derechos incumplidos y su interrelación. Es evidente que son los sectores populares, quienes enfrentan con menores recursos los efectos negativos de las catástrofes naturales (ej. sismos, inundaciones, huracanes) y en el presente, esta contingencia sanitaria sin precedentes. El punto de partida es vincular el derecho a la salud con el derecho a una vivienda digna, así como a otros los derechos básicos: económicos, sociales, culturales y ambientales. Se deben retomar los numerosos trabajos de investigación que se han producido en AL en los que se evidencian las pésimas condiciones de habitabilidad de las viviendas de los sectores populares, principalmente en las periferias lejanas o en enclaves de pobreza localizados centralmente en nuestras ciudades con la exigencia de que los gobiernos coloquen sus mejores esfuerzos y destinen suficientes recursos para lograr una mejor calidad de vida para todos.
La pandemia se expande más intensa y rápidamente en las ciudades, donde se registran altas densidades poblacionales, pero también donde existen pésimas condiciones de vida para los sectores populares. Por ello es necesario indagar los efectos negativos que produce la crisis sanitaria sobre los grupos sociales que acumulan un conjunto de desventajas sociales por su pertenencia a un grupo étnico, por su sexo, su lengua, su condición migratoria, su edad o su lugar de residencia. No menos importante es el efecto que tiene sobre los sectores medios cuyos ingresos seguramente se verán reducidos, lo cual puede colocarlos en una situación de incumplimiento de obligaciones previamente contraidas (pago del alquiler, cuotas de hipotecas, créditos personales)
El virus tiene etapas y en los primeros momentos de la pandemia ingresó en nuestra región a través de personas provenientes del exterior que viven en barrios que ofrecen una buena calidad de vida. Pero una vez superada esta fase inicial, cuando se produce el contagio comunitario, los alcances de la pandemia dependen de las condiciones de salud de las personas, de la capacidad hospitalaria, de las condiciones de las viviendas y del entorno urbano en el que se localizan. Por ello en estos momentos la pandemia se concentra allí donde viven precariamente los pobres de nuestras ciudades, en las villas miseria, las colonias populares, las favelas.
Frente a este panorama, no se cuenta con una concepción integral en el diseño y aplicación de las políticas sociales urbanas de los diferentes ámbitos de gobierno (nacional, estatal o provincial y local) ni con espacios de coordinación intergubernamentales eficaces. Asimismo, es indispensable promover procesos decisorios que impulsen la creación de condiciones de vida básicas para el conjunto de la ciudadanía, garantizando el acceso a la alimentación, la salud, los servicios y las prestaciones públicas de calidad e imponiendo una pauta regional de distribución del ingreso. Asimismo, en esta ruta los gobiernos locales deben jugar un papel de central importancia porque son la autoridad más próxima a la ciudadanía, la que debe dar una respuesta inmediata ante esta difícil situación.
No hay duda que esta crisis pone en la mira los sistemas de salud de los estados nacionales, algunos de ellos desmantelados o privatizados en el período de las reformas estructurales y en el marco de la aplicación de políticas neoliberales y debilitamiento de los regímenes sociales de bienestar latinoamericanos. Esta contingencia afecta en menor medida a los países que en las últimas décadas han desarrollado políticas públicas incluyentes, en la búsqueda de garantizar el derecho a la salud al conjunto de la ciudadanía, en particular a los segmentos más desposeídos. Pero, aun así, todos los sistemas de salud pública deben ser repensados y para brindar respuestas previsoras y eficaces ante una crisis sanitaria y social de alcance global.
Atender estas exigencias sociales implica reestructurar los presupuestos gubernamentales, asignando recursos públicos suficientes, para impulsar una estrategia de inversión social sostenida en los diversos rubros señalados. Para que ello sea posible se requiere un estilo de desarrollo que impulse el crecimiento y cambios sustanciales en el rumbo de la economía post pandemia. Asimismo, ante el incremento de la pobreza las fuerzas políticas en los ejecutivos y en los legislativos deberán crear un ingreso vital mínimo, con capacidad de garantizar condiciones de vida dignas y saludables para todos aquellos ciudadanos que así lo requieran.
Finalmente, consideramos que es muy importante el papel que están jugando las Universidades y los centros de investigación públicos de los países de la región ante la contingencia sanitaria ya que, sin abandonar sus funciones sustantivas de docencia e investigación, han fortalecido las tareas de vinculación con la sociedad, reorientando sus agendas de trabajo y reafirmando su compromiso social a través de acciones dirigidas a apoyar a quienes más lo necesitan. Ante los grandes retos que impone la actual situación el papel de las instituciones de educación superior se verá fortalecido al ofrecer nuevos conocimientos científicos y tecnológicos que permitan superar la grave crisis sanitaria, económica y social que deberán enfrentar los países de América Latina.
(1) Véase Ramonet, Ignacio “Coronavirus: la pandemia y el sistema-mundo, en Le Monde Diplomatique, 4 de mayo 2020
(2) La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta un incremento en el número de pobres de 28.7 millones de personas lo que llevará a que al finaliza el año existan 214.7 millones de personas en situación de pobreza.
Mayo de 2020
Grupo de Trabajo CLACSO
Pobreza y políticas sociales
Declaración publicada en el Portal Clacso.org