El mismo se realizará en el marco del Seminario sobre Derechos Humanos de la Especialización en Criminología, a cargo del Pro. José Ernesto Schulman, Secretario Nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y estará abierto a toda la Comunidad.
Panelistas
- Lic. Gabriela Liguori, Coordinadora del Caref, Comisión Argentina para los refugiados y migrantes, asociación civil sostenida por cuatro Iglesias Evangélicas que desde 1973 realiza esta labor.
- Dr. Héctor Trajtemberg, integrante del equipo jurídico de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre a cargo de las labores de gestión del refugio político desde hace más de veinte años, fue coordinador de la comisión ddhh del Colegio de Abogados de Buenos Aires.
- Diego Morales, Director del Área de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
- Coordinador del debate: José Ernesto Schulman, docente de la Cátedra en el Seminario sobre Derechos Humanos, secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
Fundamentación
El asilo surgió en Grecia como una institución que ofrecía protección religiosa a las personas que eran objeto de una persecución, generalmente por razones políticas. Aludía al espacio físico inviolable donde se dispensaba aquella, es decir, los templos y lugares consagrados al culto. Con la difusión del cristianismo, el asilo se expandió en Europa. Proponía subordinar las pasiones políticas a la misericordia que merece la condición humana. En el siglo XIII, comenzó a superar el marco religioso para ser concebido como una institución jurídica humanitaria que acarreaba un derecho para quien lo solicitaba y un deber para el requerido.
En la historia política de la Argentina, este derecho fue ejercido en innumerables oportunidades, aún mucho antes de ser incorporado al Derecho. A él acudieron muchos de los adversarios de Juan Manuel de Rosas, Sarmiento y Alberdi por ejemplo, e incluso el mismo Rosas luego de su destitución. También disfrutó del asilo paraguayo Juan Domingo Perón, en 1955. Y otro tanto hicieron Héctor Cámpora y Juan Manuel Abal Medina cuando, en 1976, estuvieron asilados en la embajada de México. Antes, en 1972, el gobierno chileno de Salvador Allende había otorgado el asilo a un grupo de militantes populares que, tras huir del penal de Rawson logró trasladarse a Chile. Mucho antes, a centenares de españoles el gobierno argentino les concedió el asilo durante la guerra civil de 1936/39.
Al margen del derecho internacional, el asilo está reconocido por el artículo 14 de la Constitución cuando reconoce a las personas la potestad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Su regulación más específica se encuentra en el Tratado de Derecho Penal de Montevideo, de 1889, el cual establece que el asilo es inviolable para los perseguidos por delitos políticos. En sentido similar, el artículo 27 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 22, inciso 7º, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos disponen que toda persona tiene derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común. Estos dos últimos documentos internacionales están incorporados al artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución con la categoría de tratados sobre derechos humanos.
Sin embargo desde la proclamación de la doctrina antiterrorista explicitada en el famoso Acta Patriótica de los EE.UU. luego del derrumbe de las Torres en el 2001, una persistente campaña internacional mediática busca modificar el respaldo jurídico internacional y nacional del derecho de refugio político y de asilo en general, como la crisis humanitaria de estos días lo confirma.
La larga tradición de respeto al derecho de refugio político fue quebrada por el Estado Argentino hace diez años al conceder la extradición para seis campesinos paraguayos, que habían sido invitados a radicarse en el país por nuestro embajador en Paraguay. El increíble fallido proceso judicial que terminó con una condena de 35 años sin prueba alguna confirmó todas las denuncias previas y la justeza de la institución nacida hace tantos siglos.
En la nueva situación creada con el cambio de gobierno, los gobiernos de Chile y Perú están presionando sobre el estado argentino para que anule refugios reconocidos o extradite ciudadanos peruanos con años de pacífica vida entre nosotros y la Corte Suprema no ha asumido la posición de defensa de los derechos adquiridos que le corresponde como cabeza del Poder Judicial.
Se impone un debate académico en forma sobre esta institución que fue constitutiva del Estado de Derecho en la Argentina y que hoy corre peligro de debilitamiento o aún peor, extinción.
Organiza: Especialización en Criminología de la Universidad Nacional de Quilmes
Auspician: Comisión para los Refugiados y los Migrantes (Caref) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre
La jornada será transmitida en vivo y directo por el sistema de streaming de la Universidad Virtual de Quilmes. Para confirmar asistencia y obtener la certificación correspondiente, los interesados deberán inscribirse en: jornadasposgrado@uvq.edu.ar.
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