¿Qué dice la Ley 14.895?
La ley indica que el edificio debe ser desafectado de sus actuales funciones y transferido a la Comisión Provincial por la Memoria, quien tiene la responsabilidad de preservación del edificio y la creación de un Sitio para la Memoria. Al mismo tiempo crea el Consejo del Sitio para la Memoria, Defensa y Promoción de los Derechos Humanos -Ex Centro Clandestino de Detención Pozo de Quilmes para que se ocupe de su gestión.
El 17 de febrero de 2017 quedó conformado el Consejo del Sitio tal como lo define la ley: tres representantes de la CPM, ocho miembros del Colectivo Quilmes, Memoria, Verdad y Justicia, un representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y un representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos del municipio de Quilmes.
El Sitio para la memoria tiene entre sus objetivos contribuir tanto al abordaje de la historia reciente como a la lucha por la plena vigencia por los derechos humanos en democracia.
Ellos son: promover la memoria, la justicia, la investigación y la transmisión del pasado reciente signado por la experiencia de la última dictadura civico-militar del terrorismo y de las luchas populares que marcan nuestra historia; la promoción y protección de los derechos humanos, lucha contra la violencia institucional y la activación de la participación juvenil.
Al mismo tiempo, el Sitio promoverá un enfoque de género y diversidad en todas sus acciones.
¿Qué fue el Pozo de Quilmes?
En la esquina de las calles Garibaldi y Allison Bell funcionó la Brigada de Investigaciones de Quilmes, perteneciente a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Entre 1975 y 1979 el predio fue utilizado como centro clandestino de detención (CCD), conocido como Pozo de Quilmes.
El Pozo de Quilmes fue uno de los tantos CCD que formaron parte de la red represiva de la provincia de Buenos Aires que operó bajo las órdenes del General Ramón Juan Camps quien fuera el jefe de la Policía de la provincia durante los primeros años de la dictadura militar.
Dentro del circuito de centros clandestinos de la Provincia de Buenos Aires conocido como Circuito Camps, el Pozo de Quilmes cumplió funciones específicas como “depósito de prisioneros”, lugar de obtención de información, y uno de los pasos previos a la decisión sobre el destino de cada detenido-desaparecido: el traslado final (asesinato) o la “legalización”, para la cual el detenido-desaparecido pasaba por alguna comisaría y luego era enviado a algún penal.
Según la información disponible aproximadamente 250 víctimas estuvieron secuestradas allí. Entre ellas
hubo niños, por lo menos siete mujeres embarazadas y también ciudadanos extranjeros, entre ellos más de 30 uruguayos.
El Pozo de Quilmes también fue un eslabón en el circuito de centros clandestinos que funcionó como apoyo para el llamado Plan Cóndor, que consistió en la coordinación entre las dictaduras de varios países del Cono Sur -Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay-, para implementar la represión ilegal a través de sus fuerzas armadas y de seguridad, sin límites de fronteras ni jurisdicciones nacionales.