Entendemos que, tal como esta misma Corte Suprema – y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos – sostuvieron hasta el presente, la reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura pues esos delitos no concluyen hasta tanto se conozca la suerte de los desaparecidos y de los nietos apropiados y por lo tanto no pueden ser juzgados con leyes previas y, para más, no vigentes.
Entendemos también que no sólo no estamos ante una decisión ajustada a derecho sino ante un fallo “a la carta”, es decir, una intrincada y arbitraria construcción jurídica que no tiene como fin impartir justicia sino, simple y penosamente, dotar de apariencia legal a una decisión política tomada de antemano en un ámbito ajeno al poder judicial: dejar en libertad al mayor número de detenidos por crímenes de lesa humanidad y avanzar hacia la impunidad de los genocidas.
No nos caben dudas de que, a excepción de las leyes de impunidad y los indultos, este fallo es la resolución más grave y lesiva que se haya tomado en orden a la persecución y castigo de los delitos de lesa humanidad.
Un fallo que nos sorprende porque trasparenta la agresividad, la creatividad y la audacia que el poder pone en la construcción de una estrategia de impunidad para los genocidas, pero no nos sorprende por los fines que persigue. Desde hace ya muchos meses ha quedado clara la intención gubernamental de avasallar todos los logros que en materia de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales ha logrado el pueblo argentino desde el retorno de la democracia.
Pero no hemos de permanecer pasivos. Creemos que, en este contexto, la Universidad tiene mucho que decir y mucho que hacer.
Quienes creemos que, tal como lo definieron las Naciones Unidas en Cartagena de Indias, la universidad misma es “uno de los Derechos Humanos básicos y fundamentales”, quienes creemos que Universidad y Derechos Humanos son conceptos simbióticos y complementarios y que por tanto la Universidad no puede sino ser escuela y motor del respeto de los derechos humanos en todas su formas y en toda su profundidad, no podemos no involucrarnos ni dejar de involucrar a la universidad en la lucha por la defensa de los logros que en materia de derechos humanos fuimos trabajosamente alcanzando.
Sabremos por lo tanto acompañar, en las aulas y en la calle, a las víctimas de ayer y también al pueblo todo, que hoy es la víctima de un proyecto que para sus subsistencia necesita reducir al mínimo formal posible la vigencia de los derechos humanos de todo tipo.
Rectorado de la Universidad Nacional de Quilmes