El gobierno nacional ha declarado formalmente y de hecho un cambio en el paradigma que inspira el accionar de las fuerzas de seguridad de la Nación. En declaraciones periodísticas, la Ministra de Seguridad ha proclamado que en adelante las fuerzas de seguridad pasarán a ser los depositarios del beneficio de la duda o, mejor dicho, del principio de inocencia consagrado por la Constitución Nacional: “En cualquier país civilizado, el Estado lo que hace es darle la presunción de inocencia a su Policía. No al revés. Existen los casos en los que hay excesos, pero lo que no existe es que cada vez que hay un enfrentamiento el policía es procesado (…) No voy a dejar que se construya la doctrina de que el delincuente es la víctima. Es una política pública y punto. Es así.”
Desde la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), a través de su Centro de Derechos Humanos Emilio Mignone, queremos señalar que estas declaraciones ponen en serio riesgo el orden democrático, ya que el paradigma o doctrina que el gobierno nacional pretende imponer no sólo no habilita ámbito de discusión sino que hasta condiciona la independencia del accionar judicial y justifica su vigencia en una supuesta antinomia que deja en un segundo plano muy oculto el respeto a las leyes y códigos que rigen nuestra vida en sociedad. Ningún decreto presidencial, ni circular, ni normativa ministerial puede desconocer la legitimidad que involucra el debate y la promulgación de una ley nacional.
La doctrina que se promueve avasalla las garantías constitucionales, los tratados internacionales signados por nuestro país y todas las recomendaciones de los organismos internacionales en lo que se refiere a la actuación de las fuerzas de seguridad.
El accionar y las declaraciones de los funcionarios nacionales, encabezados por el propio Presidente, a partir del caso Chocobar constituyen un hito que habilita futuras acciones represivas y "blanquea" las ya ejecutadas, como son los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. De esta manera, se refuerza la figura de aquel con mayor poder de coacción, dejando al Estado como garante del más fuerte en desmedro del más débil, proceder que puede aplicarse tanto la aplicación de medidas económicas, sindicales o políticas.
El Centro de Derechos Humanos Emilio Mignone de la UNQ expresa su total desacuerdo con un nuevo paradigma de seguridad que brinda tan amplio margen de libertad de acción a los integrantes de las fuerzas de seguridad. Consideramos además que la función del Poder Ejecutivo es garantizar al Poder Judicial total libertad para investigar cualquier hecho delictivo, sin presiones ni preconceptos.
La UNQ reivindica plenamente el consenso democrático dolorosamente adquirido acerca de la necesidad de privilegiar el control ciudadano, político y judicial de las fuerzas de seguridad y policiales. El paradigma de seguridad que se pretende establecer reivindica las condiciones que desembocaron en la trágica historia de terrorismo de Estado, represión social y "gatillo fácil" que tanto nos costó superar.
Creemos en un Estado que actúe como mediador en el balance de fuerzas y no opere en favor de aquellos que las poseen más ampliamente, colaborando de esta forma, en un orden injusto, alejado de los valores democráticos reales.
Desde la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), a través de su Centro de Derechos Humanos Emilio Mignone, queremos señalar que estas declaraciones ponen en serio riesgo el orden democrático, ya que el paradigma o doctrina que el gobierno nacional pretende imponer no sólo no habilita ámbito de discusión sino que hasta condiciona la independencia del accionar judicial y justifica su vigencia en una supuesta antinomia que deja en un segundo plano muy oculto el respeto a las leyes y códigos que rigen nuestra vida en sociedad. Ningún decreto presidencial, ni circular, ni normativa ministerial puede desconocer la legitimidad que involucra el debate y la promulgación de una ley nacional.
La doctrina que se promueve avasalla las garantías constitucionales, los tratados internacionales signados por nuestro país y todas las recomendaciones de los organismos internacionales en lo que se refiere a la actuación de las fuerzas de seguridad.
El accionar y las declaraciones de los funcionarios nacionales, encabezados por el propio Presidente, a partir del caso Chocobar constituyen un hito que habilita futuras acciones represivas y "blanquea" las ya ejecutadas, como son los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. De esta manera, se refuerza la figura de aquel con mayor poder de coacción, dejando al Estado como garante del más fuerte en desmedro del más débil, proceder que puede aplicarse tanto la aplicación de medidas económicas, sindicales o políticas.
El Centro de Derechos Humanos Emilio Mignone de la UNQ expresa su total desacuerdo con un nuevo paradigma de seguridad que brinda tan amplio margen de libertad de acción a los integrantes de las fuerzas de seguridad. Consideramos además que la función del Poder Ejecutivo es garantizar al Poder Judicial total libertad para investigar cualquier hecho delictivo, sin presiones ni preconceptos.
La UNQ reivindica plenamente el consenso democrático dolorosamente adquirido acerca de la necesidad de privilegiar el control ciudadano, político y judicial de las fuerzas de seguridad y policiales. El paradigma de seguridad que se pretende establecer reivindica las condiciones que desembocaron en la trágica historia de terrorismo de Estado, represión social y "gatillo fácil" que tanto nos costó superar.
Creemos en un Estado que actúe como mediador en el balance de fuerzas y no opere en favor de aquellos que las poseen más ampliamente, colaborando de esta forma, en un orden injusto, alejado de los valores democráticos reales.
Centro de Derechos Humanos Emilio Mignone
Universidad Nacional de Quilmes