La Red Interuniversitaria de Derechos Humanos -CIN se expresa en este 10 de Diciembre de 2022, en el día que se cumplen 39 años de la asunción del primer Presidente elegido constitucionalmente después de que finalizara la dictadura genocida. Si bien no han sido años de armonía o de consensos absolutos, en todos ellos los conflictos se han dirimido en el marco del estado de Derecho. Aún en situaciones tan delicadas como las que se vivieron en el año 2001, en la que la institucionalidad democrática estuvo comprometida, la salida por fuera de la cultura del “Nunca más” no fue una opción siquiera enunciable.
Lamentablemente, hoy tenemos que decir que LA DEMOCRACIA ESTÁ EN RIESGO.
A poco menos de tres meses del intento de magnicidio que sufriera la vicepresidenta en la puerta de su domicilio, un sector del bloque de poder reafirma la decisión de arrasar con la voluntad popular expresada en las urnas, imponiendo su política de criminalización de la política, a costa de violar los principios fundamentales de la democracia, que tan caro le han costado al pueblo argentino.
No obstante ello, no falta el intento ni los procedimientos por violar lo conquistado: EL ESTADO DE DERECHO. Sectores sociales de la sociedad Argentina, se han constituido en verdaderos partidos de poder destituyentes de la democracia, entre los que se encuentran corporaciones mediáticas que ejercen una influencia y connivencia con sectores del poder judicial, político y económico que actúan de modo sistemático para asestar golpes a la democracia; lo ejercen y un sector del poder judicial lo implementa de modo regular.
Repudiamos el fallo del 6 de diciembre producida por el Tribunal Oral Federal N 2, que condenó a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández a “la pena de 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” .Este tribunal por atribución unilateral, se erige en el decisor absoluto del proceso de conformación de los poderes del Estado, al proscribir el ejercicio del derecho a la participación política que condena sin pruebas y busca proscribir de por vida de la vida política a la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández. Este fallo, constituye una clara expresión de la persecución mediática y judicial que comenzó con el encarcelamiento de Milagro Sala en 2015 y que tuvo a distintos referentes políticos como blanco, estrategias que se repiten en los últimos años no solo en Argentina, alcanzando a varios países de la región, fragilizando el sistema democrático del continente.
Nos sumamos, al repudio, ya expresado por la ciudadanía, organismos de derechos humanos, gremios y diferentes universidades del país, a la connivencia que quedó a luz de encuentros entre altos magistrados, funcionarios públicos, empresarios de medios de comunicación hegemónicos y agentes de inteligencia. Esta connivencia, se hace gracias a una trama compleja y oscura- paraestatal- que deteriora y socava las bases esenciales del Estado de derecho, nuestra confianza en la justicia, la división de los poderes y la calidad de las instituciones democráticas. Es decir, atenta contra la independencia e imparcialidad, necesaria para el funcionamiento de los tres poderes en el marco del estado de derecho. Como a la ética del desempeño universitario.
Asimismo rechazamos los actos de violencia acaecidos en la última sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, del 1 de diciembre, que impidieron el tratamiento de leyes de enorme trascendencia para el país como es la creación de ocho nuevas universidades nacionales; campo al que pertenecemos en la convicción del aporte de las mismas al bien público y social de las y los argentinos.
Por lo tanto, enfatizamos lo sostenido en el Documento final del Segundo Encuentro de Educación Superior y Derechos Humanos realizado en La Plata en 2022, respecto de :
“Abogar por una Ley de Medios que democratice el acceso a información fidedigna y el derecho a la comunicación, así como por una reforma del Poder Judicial que garantice la igualdad ante la ley. En 2023 se cumplirán 40 años de la recuperación democrática en nuestro país que aun necesita fortalecerse y en este sentido, las universidades públicas argentinas alentamos y exhortamos a continuar un camino de construcción democrática con justicia e igualdad. Tal como se concluyó en la CRES 2018, consideramos que “las instituciones de educación superior están llamadas a ocupar un papel preponderante en la promoción y el fortalecimiento de las democracias latinoamericanas, rechazando las dictaduras y los atropellos a las libertades públicas, a los derechos humanos y a toda forma de autoritarismo en la región”.
Con este espíritu, haciéndonos eco de las palabras de la Cres 2018, universitarios y universitarias ratificamos la institucionalidad y el fortalecimiento de los principios democráticos que nos rigen en tanto el corazón de la democracia se asienta en centralidad de la igualdad y el gobierno del pueblo.
Red Interuniversitaria de Derechos Humanos –CIN
10 de diciembre de 2022