El juicio por jurados, entendido como una institución jurídico-político, detenta una histórica raigambre constitucional en nuestro país. Originario del poder constituyente ejercido en 1853, el juicio por jurados fue ratificado en el último proceso reformatorio de 1994, sustentado en preceptos dogmáticos de democratización de las funciones públicas como los que, en igual sentido, fundaron la incorporación a nuestra Carta Magna de los institutos de iniciativa legislativa y consulta popular.